En territorios insulares como el nuestro el suelo es un bien escaso, provocando dicha escasez que haya una gran presión económica sobre el mismo. De esta manera, no puede sorprender que haya sectores tremendamente interesados en el negocio que genera la compra, venta, usos y especialmente en las expectativas que se abren al cambiar las reglas de juego de un bien tan limitado. Frente a esos sectores la inmensa mayoría de la sociedad considera que la limitación de suelo en las Islas exige que su uso se aborde con responsabilidad y compromiso social, que dicho uso o gestión del territorio sea racional, primando por encima de todo su protección.
El sector de la construcción debe de tener su oportunidad en la renovación, en la rehabilitación.
Cuando hablamos de si el uso del suelo -del territorio- debe ser expansivo o restrictivo estamos definiendo o eligiendo modelos de sociedad y por lo tanto de convivencia; de sensibilidades, en definitiva. Es tan respetable la posición que tienen quienes creen que el uso del suelo no debe tener limitaciones y que debe ser el mercado el que regule su uso como la de los que, al otro lado, entienden que el suelo es un sector estratégico que merece un control público que ayude a su conservación y protección. El choque de intereses que se produce cuando se cambian las reglas de juego respecto al gobierno, gestión y uso del suelo es tan lógico como inevitable. No es extraño, por lo tanto, el debate que se está produciendo en nuestro Archipiélago entorno al Proyecto de Ley del Suelo de Canarias que sigue su trámite en el Parlamento.
Desde mi punto de vista, hay aspectos positivos en la ley. Entre otros, la unificación de las normas previas, el planteamiento de compensar por conservar y el respeto a la delimitación y regulación de los espacios naturales protegidos. También la supresión de la caducidad de los instrumentos de ordenación, la flexibilización de los plazos de adaptación a los planes o la simplificación de la autorización de obras para actividades propias en suelo urbano y rústico. Sin embargo, hay aspectos de gran calado que no están en la línea de pensamiento de una parte muy significativa de nuestra sociedad, una sensibilidad mayoritaria que comparto.
Creo firmemente en Canarias, en la idea de país, en que somos un único pueblo que se asienta en 8 islas y 88 municipios; y desde mi punto de vista la ley que se trámita lejos de favorecer la unidad provoca la disgregación. Creo que el futuro de Canarias hay que construirlo con políticas sostenibles en lo económico, en lo social, en lo territorial, en lo medio ambiental o en lo poblacional. Sin embargo, esta ley atiende más a la coyuntura e intereses puntuales del momento que a una visión estratégica de futuro.
Creo que en nuestro Archipiélago la población sobrepasa la capacidad que tiene nuestra economía para facilitar el acceso al bienestar. Hay que controlar los crecimientos poblacionales. La herramienta que está en nuestra manos es la planificación territorial y con esta ley el Gobierno renuncia a gobernar el territorio. Creo que la diversificación de nuestra economía y la mejora de su competitividad tienen que venir de la Estrategia de Crecimiento Económico Inteligente aprobada por unanimidad por el Parlamento con un amplio consenso social, apoyándonos en el turismo de calidad y los nuevos servicios que aportan valor añadido al mismo; en la internacionalización de nuestra economía; en el aprovechamiento sostenible de nuestra naturaleza, del cielo, del mar, de la biodiversidad y en el apoyo al sector de la construcción a través de la renovación y de la rehabilitación.
La ley del Suelo vuelve a confiar el crecimiento económico al consumo de suelo, a la construcción.
La ley vuelve a confiar el crecimiento al consumo de suelo, a la construcción. Creo firmemente en que lo público no se desentienda de sectores estratégicos como la energía, el agua, los transportes y, sobre todo, el territorio. Creo en el valor de nuestro paisaje y en la contribución que hace al sector turístico cualificando la oferta, y esta ley es demasiado permisiva en el uso del suelo rústico.
Creo en los ayuntamientos de Canarias como administración más cercana al ciudadano. Soy un municipalista convencido. Tuve el honor de presidir durante 28 años el ayuntamiento de mi pueblo, El Sauzal, uno de los municipios mejor ordenados y bonitos de nuestra tierra. Los municipios deben ejercer aquellas competencias en las que puedan ser más eficientes. Sin embargo, que la ley ponga en manos de los ayuntamientos la capacidad para formular y aprobar sus planes es un error porque las competencias que tienen que ver con el suelo lejos de acercarse deben alejarse de la presión que conlleva en este caso la proximidad.
Canarias se la juega con la Ley del Suelo. Equivocar el modelo nos arrastrará a errores que difícilmente podrán reconducirse. No me extraña que al igual que ocurrió en la contestación frente al petróleo estas semanas miles de sensibilidades estén comenzado a movilizarse en defensa de la protección de nuestro territorio.
